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En España existe la responsabilidad por deepfakes y difamación online y se puede exigir judicialmente y reclamar indemnizaciones
Hay noticias falsas que se olvidan en cuestión de horas. Otras dejan huella durante años. La eclosión de la IA generativa ha diluido la frontera entre lo que es real y lo que no. Y muchas personas están empleando de forma maliciosa esta tecnología para realizar deepfakes de terceros y difamar a ciudadanos, empresas e instituciones a través de las redes sociales.
En este peligroso contexto en el que se puede suplantar la imagen y la voz de las personas, la responsabilidad por deepfakes y difamación online gana relevancia.
Si se publica un video en el que aparezco diciendo algo que jamás he dicho… ¿Puedo acudir a los tribunales para exigir la responsabilidad por deepfakes y difamación online y obtener una indemnización por daños y perjuicios al verse menoscabada mi reputación y mi honor?
Aunque a menudo nuestro ordenamiento jurídico llega tarde a la hora de regular nuevas realidades y problemas, lo cierto es que en España se protegen en la propia Constitución los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Y, precisamente, estos derechos están directamente vinculados a la responsabilidad por deepfakes y difamación online, un ámbito jurídico llamado a crecer durante los próximos años a medida que estas tecnologías se vuelvan más sofisticadas y más difíciles de detectar.
Cuando la IA deja de ser una herramienta y se convierte en un problema legal
Los deepfakes suelen despertar fascinación tecnológica. La capacidad de un sistema de Inteligencia Artificial para recrear rostros, voces y expresiones con un nivel de realismo tan elevado resulta impresionante desde un punto de vista técnico. Sin embargo, el interés tecnológico desaparece rápidamente cuando esa misma herramienta se utiliza para perjudicar a una persona real.
Ahí es donde empieza a cobrar relevancia la responsabilidad por deepfakes y difamación online.
Conviene aclarar una cuestión importante: crear un deepfake no es necesariamente ilegal. Existen usos legítimos en la industria audiovisual, la publicidad o incluso la divulgación histórica. Por ejemplo, cuando Cruzcampo hizo un deepfake de Lola Flores para promocionar su cerveza no estaba incumpliendo la normativa en vigor, porque lo hizo con el consentimiento de sus hijas y desde un profundo respeto. El problema surge cuando el contenido manipulado invade derechos ajenos o busca generar una percepción falsa sobre alguien.
Imaginemos una situación relativamente sencilla. Un profesional descubre que circula en redes sociales un vídeo donde aparentemente realiza comentarios ofensivos hacia determinados colectivos. El vídeo parece auténtico. La voz coincide. Los gestos también. Sin embargo, nunca ocurrió. Ha sido generado artificialmente.
Aunque técnicamente se trate de una falsificación, el daño para la víctima puede ser muy real. Clientes que dejan de confiar en esa persona, oportunidades laborales que desaparecen o relaciones profesionales e, incluso, personales que se deterioran por algo que jamás sucedió.
Y es que el daño reputacional funciona de forma parecida a una mancha de tinta sobre un papel. Una vez se extiende, resulta difícil eliminarlo por completo. Precisamente por eso la responsabilidad por deepfakes y difamación online no se limita a castigar determinadas conductas, sino que busca ofrecer mecanismos para contener el perjuicio y reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias sufridas por la víctima.
Además, no todos los casos afectan únicamente al honor. En ocasiones entran en juego la intimidad, la imagen personal o incluso datos especialmente sensibles. Pensemos, por ejemplo, en los llamados deepfakes sexuales, una de las modalidades más preocupantes de los últimos años. Aquí el impacto suele ser especialmente intenso porque afecta simultáneamente a varias esferas esenciales de la vida privada y los tribunales están castigando esta clase de delitos.
Qué dice la legislación española sobre la responsabilidad por deepfakes y difamación online
Una de las dudas más habituales entre quienes sufren este tipo de situaciones es si existe realmente una protección legal específica. La respuesta corta es sí, aunque no necesariamente mediante una ley dedicada exclusivamente a la responsabilidad por deepfakes y difamación online.
En este sentido, es importante destacar que nuestra normativa no regula aún específicamente los nuevos escenarios que han abierto las redes sociales y la IA generativa.
La responsabilidad por deepfakes y difamación online se construye actualmente a partir de distintas normas que, aunque fueron aprobadas antes de la aparición de estas tecnologías, siguen ofreciendo una cobertura jurídica sólida.
La más importante de estas normas es, como resulta evidente, la Constitución Española de 1978.
El artículo 18 de nuestra Carta Magna reconoce y protege expresamente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. De hecho, se ha categorizado como un derecho fundamental, por lo que está dotado con el máximo nivel de protección de nuestro ordenamiento jurídico.
Para desarrollar este derecho fundamental, se aprobó en 1982 la Ley Orgánica 1/1982.
A partir de ahí entra en juego la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Esta norma regula la forma en que una persona puede invocar el menoscabo de su derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen.
¿Cuáles son los aspectos más destacables de esta ley con respecto a la responsabilidad por deepfakes y difamación online?
- Se garantiza la protección de este derecho fundamental frente a intromisiones ilegítimas y que pueden ser delictivas de acuerdo al Código Penal.
- Se reconoce el derecho de las personas que ven menoscabados sus derechos a instar la tutela judicial efectiva de los mismos.
- No se aprecia intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen si el titular del derecho prestó su consentimiento.
- Los menores pueden prestar su consentimiento solo cuando gocen del suficiente grado de madurez.
- En lo que respecta a la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas fallecidas, pueden instarla las personas designadas a tal efecto en el testamento y, de no haberse designado a nadie, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos.
- Se fija el catálogo de intromisiones ilegítimas. Por ejemplo, «la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga» o «la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». Por lo que resulta evidente que la responsabilidad por deepfakes y difamación online tiene su origen en este catálogo de intromisiones ilegítimas en el ámbito del honor, la intimidad y la propia imagen.
A partir de estas dos normas, el Tribunal Supremo ha protegido sistemáticamente el honor frente a informaciones falsas o expresiones que exceden los límites de la libertad de expresión y de información. Aunque muchas de esas resoluciones nacieron antes de la era digital, sus fundamentos resultan perfectamente aplicables a los deepfakes.
¿Hay más normas a tener en cuenta en lo que respecta a la responsabilidad por deepfakes y difamación online? Sí, la utilización de imágenes, rasgos biométricos o elementos identificativos de una persona para generar contenido artificial puede plantear importantes problemas desde la perspectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD). Por lo que la responsabilidad por deepfakes y difamación online podría traducirse en la imposición de multas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Y, en última instancia, debemos tener en cuenta una norma que ya mentamos antes: el Código Penal. Esta norma clave de nuestro ordenamiento jurídico regula y castiga los delitos contra el honor y contra la intimidad y el derecho a la propia imagen. Por lo que sí, la responsabilidad por deepfakes y difamación online podría tener un carácter penal y conllevar que una persona ha cometido un delito.
A quién corresponde la responsabilidad por deepfakes y difamación online cuando los contenidos lesivos se hacen virales
Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno es que el daño rara vez depende de una sola persona. De hecho, muchas veces el problema no nace únicamente con quien crea el contenido, sino con quienes contribuyen a multiplicar su alcance.
Por eso, cuando analizamos la responsabilidad por deepfakes y difamación online, debemos mirar más allá del autor inicial.
Naturalmente, quien genera deliberadamente un contenido falso destinado a perjudicar a otra persona puede responder por las consecuencias de sus actos. Pero la cadena de responsabilidades no siempre termina ahí.
También puede existir responsabilidad para quienes difunden el contenido sabiendo que es falso o actuando con una evidente despreocupación sobre su veracidad. Compartir información en internet sigue siendo una acción con consecuencias jurídicas, aunque a veces las redes sociales transmitan la sensación contraria.
Además, las plataformas digitales desempeñan un papel cada vez más relevante. La normativa europea y española les impone determinadas obligaciones cuando reciben avisos sobre contenidos potencialmente ilícitos. Aunque no son responsables de todo lo que publican sus usuarios, sí deben actuar con diligencia cuando tienen conocimiento efectivo de determinadas vulneraciones y tomar medidas para evitar la propagación de deepfakes y contenido que difame y menoscaba la dignidad y el honor de las personas.
La realidad es que la responsabilidad por deepfakes y difamación online suele analizarse caso por caso. Cada situación presenta matices distintos, especialmente cuando intervienen múltiples actores y el contenido se ha difundido de forma masiva.
Qué puede hacer una víctima y qué puede obtener si reclama
Descubrir que existe un vídeo falso, una imagen manipulada o una campaña de difamación en internet suele generar una sensación inmediata de pérdida de control. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, actuar con rapidez puede marcar una diferencia considerable.
El primer objetivo debe ser preservar pruebas. Puede parecer un detalle menor, pero muchas publicaciones desaparecen antes de que llegue el momento de acreditar su existencia. Capturas de pantalla, enlaces, fechas de publicación o incluso actas notariales pueden convertirse después en elementos fundamentales.
A partir de ahí, la víctima puede solicitar la retirada del contenido a las plataformas digitales como X, TikTok o Instagram y ejercer acciones legales para:
- Lograr la tutela judicial de sus derechos y solicitar la imposición de medidas cautelares.
- Obtener una indemnización que repare el daño sufrido.
- Conseguir, en algunos casos, que se castigue la comisión de un delito con penas.
- Instar la imposición de multas por parte de la AEPD.
Es decir, la responsabilidad por deepfakes y difamación online permite reclamar tanto medidas de cesación como compensaciones económicas. Así, no solo se puede pedir que el contenido desaparezca, sino también que se indemnicen los daños ocasionados.
Los tribunales suelen valorar aspectos como la gravedad de la lesión, el alcance de la difusión o las consecuencias concretas que haya sufrido la persona afectada. No es igual un contenido visto por unas pocas decenas de usuarios que una falsificación viral capaz de alcanzar millones de visualizaciones.
Además, la reparación no siempre tiene una dimensión económica. En muchos casos, recuperar la reputación resulta tan importante como obtener una indemnización. Por eso las resoluciones judiciales pueden incluir:
- Rectificaciones.
- Publicaciones aclaratorias.
- Medidas destinadas a restaurar la imagen pública de la víctima.
Conclusión
La expansión de la IA ha abierto posibilidades extraordinarias, pero también ha creado riesgos que hace apenas unos años parecían propios de la ciencia ficción. Hoy una falsificación digital puede ser tan convincente que muchas personas la acepten como verdadera sin cuestionarla.
Precisamente por eso la responsabilidad por deepfakes y difamación online se ha convertido en una herramienta jurídica esencial para proteger el derecho fundamental al honor, la intimidad y la propia imagen.
Muchas personas crean deepfakes que menoscaban la dignidad de las personas o las difaman alegremente por redes sociales sin ser conscientes de:
- El daño que pueden llegar a causar a sus víctimas.
- Que existe la responsabilidad por deepfakes y difamación online y que puede conllevar la comisión de delitos y la imposición del pago de indemnizaciones y sanciones cuantiosas.
