Derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la propia imagen se han situado en el centro del debate público en España por la emergencia de la extraña relación entre comunicación política y vídeos fake
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Obama, Trump, Zuckerberg, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo… La relación entre comunicación política y vídeos fake creados con inteligencia artificial ha abierto la caja de los truenos. El debate legal y social sobre la legitimidad de estas prácticas ha alcanzado cotas impensables hace no tanto tiempo.
Y eso que todo empezó en España con un vídeo navideño que se convirtió en una suerte de una oda woke. La pieza, en la que aparecían los principales protagonistas de la política española abrazándose con sus némesis al ritmo de un villancico, se convirtió en viral en solo unas horas.
Pero aquello fue un espejismo. Una parodia en medio de un ambiente, el de la política, altamente crispado en los últimos tiempos en el ruedo ibérico.
Quien sabe si el tierno villancico fue la inspiración que detonó la bomba. Ese explosivo formado por comunicación política y vídeos fake. La certeza de que se podía aprovechar la IA para romper algunas líneas rojas dentro de un universo, eso sí, al que ya le quedaban pocas por quebrar.
La isla de las tentaciones… socialistas
La primera muestra llegó hace solo unos días. El Partido Popular decidió generar y publicar un vídeo en el que los miembros del PSOE participaban en algunas escenas de La isla de las tentaciones.
El vídeo fake, creado en origen para generar cierta hilaridad, desencadenó un incidente internacional. El Gobierno de la República Dominicana se sintió ofendido por el contenido y reclamó una rectificación por parte del PP, que acabó retirando la pieza.
En realidad, la relación entre comunicación política y vídeos fake ha tardado más en llegar a España de lo que algunos analistas preveían.
En Estados Unidos, figuras internacionales como Barack Obama, Donald Trump o Mark Zuckerberg han sido protagonistas de vídeos creados con redes neuronales avanzadas. La mayoría, piezas paródicas creadas para influir en la opinión pública y alterar los resultados de procesos electorales.
Los expertos en comunicación política llevan tiempo alertando del peligro de estos deepfakes, cada vez más realistas e indistinguibles de la realidad para una parte muy notable de las audiencias. Hay algunas voces, de hecho, que alertan de la posibilidad de que un mandatario anuncie un incidente bélico o una contingencia económica antes de que sea realidad, lo que podría desatar un caos real.
¿Se imaginan la reacción de las bolsas a un anuncio dramático en materia monetaria lanzado por un presidente creado artificialmente? Es solo un ejemplo.
Trump, en el resort de Gaza
Lo cierto es que, por extraño que parezca, algunos dirigentes internacionales han contribuido de forma decisiva a introducir en el debate público esa relación entre comunicación política y vídeos fake. A darle cierta legitimidad.
Donald Trump compartió hace unos días en su red social un vídeo en el que recorría la franja de Gaza totalmente rehabilitada y convertida en poco menos que un resort acompañado del presidente israelí, Benjamín Netanyahu.
Lo impactante del caso es que el vídeo había sido fue creado por desarrolladores israelíes-americanos que solo querían probar un software. Fue Trump, al compartirlo en sus perfiles de redes sociales, el que convirtió la pieza en viral.
¿Estamos a salvo de estos desmanes?
En España, la generación y difusión de vídeos fake plantea serios desafíos legales. Principalmente, porque su difusión puede vulnerar derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la propia imagen. La Constitución Española, en su artículo 18, protege estos derechos y establece bases para su defensa. Además, el Código Penal tipifica el uso indebido de la imagen y la difusión de contenido falso con intención de dañar la reputación de una persona.
Paralelamente, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) también ofrece un marco de protección, ya que los videos generados por IA pueden constituir una forma de tratamiento indebido de datos personales si no cuentan con el consentimiento de la persona afectada.
En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podría intervenir en casos de uso fraudulento de deepfakes. Una práctica que amenaza con dispararse al calor de la aparición de herramientas de IA gratuitas que permiten crear esta clase de contenidos audiovisuales a golpe de un clic.
El papel de las redes sociales
En el caso de la política, son muchas las voces que han alertado de los peligros de estrechar esa relación entre comunicación política y vídeos fake. Y han puesto en el ojo del huracán a las redes sociales por su capacidad de ampliar exponencialmente la difusión de estos contenidos.
Plataformas como YouTube, Tik Tok y Facebook aseguran haber comenzado a desarrollar herramientas para la detección automatizada de deepfakes. En concreto, sostienen que han implementado algoritmos que buscan patrones anómalos en videos generados por IA, aunque la efectividad de estos métodos sigue en debate, cuando no, abiertamente cuestionada.
Para contener esta clase de prácticas han aparecido en el mercado herramientas que analizan la biometría facial, inconsistencias en la sincronización labial y otras señales visuales para identificar los vídeos falsos. Ocurre que, a medida que estas tecnologías avanzan, también lo hacen las redes neuronales que dan cobertura a estas piezas audiovisuales basadas en unos y ceros.
Comunicación política y vídeos fake, ¿una broma o una bomba?
El uso de videos fake en la comunicación política plantea un dilema complejo. Si bien pueden ser utilizados con fines lúdicos o de parodia, también abren la puerta a la manipulación masiva de la opinión pública. La rapidez con la que se viralizan estos contenidos en redes sociales está provocando que cada vez sea más difícil su deslegitimación.
Mientras, el debate sobre la regulación de esta tecnología no ha hecho más que empezar. Con opiniones que realmente parecen del todo contrapuestas.
Algunos expertos consultados por Lex Hoy abogan por impulsar una legislación más restrictiva que penalice la difusión de deepfakes cuya intención final sea la manipulación, algo especialmente visible al hablar de esa inquietante relación entre comunicación política y vídeos fake. Otras voces entienden que la educación y el pensamiento crítico serán críticos para frenar un fenómeno incontenible.
El debate, a la vista está, no ha hecho más que empezar…
